Corte Constitucional asegura que las sesiones virtuales deben ser la última opción para el Congreso – Cortes – Justicia



Tres semanas después de que la Corte Constitucional tumbó una parte del decreto 491 del 2020 con el cual el Gobierno autorizaba a los cuerpos colegiados como el Congreso a realizar sesiones virtuales, se conoció el fallo completo del alto tribunal. 

En la decisión, cuyo ponente fue el magistrado Luis Guillermo Guerrero y que se tomó con cinco votos contra cuatro, la Corte da a conocer las razones por las cuales consideró que esa parte del decreto era innecesaria y vulneraba la autonomía de las ramas del poder público. 

Pero además, el alto tribunal hace unas aclaraciones  muy importantes y que deberían ser tenidas en cuenta justo en estos momentos en los que en el Congreso se tramita un proyecto que reforma el reglamento del legislativo para aprobar las sesiones de forma virtual. 

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Ese debate ha estado lleno de polémica pues algunos congresistas defienden que se permita el trabajo remoto, mientras que otros aseguran que se debe sesionar de forma presencial o mixta. 

La aclaración que hace la Corte Constitucional es que en el país sigue vigente la regla general según la cual el funcionamiento del Congreso y demás corporaciones públicas de elección popular “se rigen por la presencialidad”. 

Según el alto tribunal, la presencialidad “es el mecanismo más adecuado para dar cabida a una democracia vigorosa mediante la posibilidad de un debate intenso, de una participación activa y libre, y de la expresión de todas las corrientes de opinión en circunstancias de mayor facilidad”. 

Es el mecanismo más adecuado para dar cabida a una democracia vigorosa mediante la posibilidad de un debate intenso, de una participación activa y libre”

Esta es la razón por la que para la Corte no es posible impedir, incluso en tiempos de pandemia, las reuniones presenciales. 

La Corte plantea, entonces, que “el grado de presencialidad se hace más exigible dependiendo del peso de las decisiones por adoptar”. Es decir, entre más importante sea una decisión o debate legislativo, más necesario es que esta se haga y se tome de forma presencial. 

Pero la Corte va más allá y cita algunos ejemplos de esas decisiones que serían importantes y requerirían la presencialidad, como los actos legislativos, leyes estatutarias, normas tributarias, normas penales, etc. También habla de las leyes de presupuesto, la ley del Plan Nacional de Desarrollo, las aprobatorias de tratados y convenios internacionales, las que aprueben amnistías, la moción de censura, entre otras. “Las votaciones de dichas normas deberían ser, en lo posible, presenciales”, dijo el alto tribunal. 

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En cambio, los procedimientos en los que no se necesitaría esa presencialidad serían leyes ordinarias y algunas funciones administrativas, que “podrían llevarse a cabo en la sede virtual del Congreso”. 

Y es en este punto del fallo en el que la Corte asegura que la virtualidad debe ser, e,ntonces, el último recurso. “Así las cosas, se impone decir que la virtualidad es ultima ratio, esto es, una forma de deliberación subsidiaria y excepcional”. 

Así las cosas, se impone decir que la virtualidad es ultima ratio, esto es, una forma de deliberación subsidiaria y excepcional

Como la regla general es la presencialidad y no se pueden prohibir las sesiones cara a cara, incluso en condiciones como las de la emergencia sanitaria por el coronavirus, la Corte dice que cualquier norma que impida la asistencia física a las sesiones de los órganos colegiados del Estado es inconstitucional. 

El alto tribunal dice que es razonable que “excepcionalmente se acuda a la virtualidad” para asegurar el funcionamiento de la democracia, aún cuando estas tecnologías pueden representar un déficit para una organización tan numerosa como el Congreso. Pero, en ese caso, es necesario que se garantice que los miembros del Congreso que quieran la presencialidad, bajo medidas de seguridad sanitaria, puedan asistir a las instalaciones del Congreso para cumplir sus funciones. 

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Así las cosas, recuerda la Corte,  “la presencialidad es la regla general y las reuniones no presenciales o mixtas, esto es, la virtualidad para el cumplimiento de las funciones del Congreso, asambleas y concejos es la excepción, en respeto del principio democrático, el pluralismo político y la protección de las minorías”. 

En el fallo la Corte también dice  durante la pandemia y la emergencia sanitaria, la virtualidad no puede ser una regla de facto ya que se debe propiciar las condiciones para que “a la mayor brevedad posible se retoma a la presencialidad total”. 

El alto tribunal también hace otra aclaración muy importante: el uso de las tecnologías no puede llevar a que quien conduce las reuniones use estas herramientas para bloquear a un interviniente. Tampoco se puede restringir la posibilidad de ser visto virtualmente,  dificultar el voto o cualquier otra actuación de expresión y debate.

En último lugar, la Corte también le dice al Congreso que debe reformar cuanto antes su propio reglamento para definir todas las circunstancias en las que operarán las reuniones virtuales. En este punto el alto tribunal dice que esa virtualidad no solo debe ser excepcional sino también “temporal” por lo que no se puede prolongar de manera indefinida

Las razones de la Corte para tumbar la autorización del Gobierno

Congresistas de oposición estuvieron en el Capitolio en la instalación del Congreso.

Foto:

Prensa Cámara de Representantes

La Corte asegura que aunque en medio de las circunstancias que plantea la pandemia de coronavirus, parece indispensable una regla que permita que los órganos colegiados puedan acudir a la virtualidad, no era necesario que el Gobierno autorizara ese tipo de encuentros virtuales por medio de un decreto. 

Esto porque, dice la Corte, las normas colombianas ya permiten a este tipo de organismos -como el Congreso- cambiar sus reglamentos para poder sesionar de forma virtual. 

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En el caso de la Rama Judicial, la ley estatutaria de la administración de justicia permite que los juzgados puedan usar cualquier medio electrónico o tecnológico para cumplir sus funciones. En la Rama Ejecutiva, esto está permitido con el Código de Procedimiento Administrativo. Y en el caso del Congreso, la ley quinta de 1992 permite que, a falta de norma aplicable, acudan a normas que regulan procedimientos semejantes y a la jurisprudencia para utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para desarrollar sus actividades. 

Pero además de no ser necesario el artículo del decreto que tumbó la Corte, para el alto tribunal, además, esta parte de la norma vulneraba la autonomía del poder legislativo frente al Ejecutivo. 

“La Corte también ve necesario explicar que, de todos modos y por razonable que pudiera ser la autorización que prevé el artículo 12 del decreto en examen, tal medida no resulta compatible con el principio de separación de poderes y, en dicho orden, con la autonomía de la rama Legislativa y de los órganos autónomos del Estado que prevé la Carta Política”, dice el fallo. 

En este punto la Corte recuerda que aunque la Constitución del 91 flexibilizó la división de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) para permitir que haya una concurrencia entre ellos cuando se lo necesite, también robusteció un sistema de “frenos y contrapesos” en donde cada una de las ramas no solo se ocupa de sus deberes, sino que también ejerce una vigilancia y control sobre las otras. 

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Como el Congreso puede ejercer control político sobre el Ejecutivo y es autónomo, dice la Corte, entonces la Constitución le permite “reunirse por derecho propio” en caso de que no sea convocado por el Gobierno Nacional.

Esa es la razón por la cual la Corte dice que es al mismo Congreso al que le compete tomar la decisión de reunirse de forma no presencial. En esa competencia, asegura la Corte, “el Ejecutivo no puede inmiscuirse, so pena de que el ente controlador terminara bajo la égida del controlado”. 

El Ejecutivo no puede inmiscuirse, so pena de que el ente controlador terminara bajo la égida del controlado

El alto tribunal dice que si se hubiera avalado esa parte del decreto en la que el Gobierno autorizaba las sesiones virtuales de órganos como el Congreso, eso sería como aceptar que así como el Ejecutivo puede autorizar al Legislativo a sesionar de forma virtual, también puede prohibir que lo haga de uno u otro modo. 

Para la Corte, la norma que tumbó, aún cuando se hubiera proferido de buena fe,  habría llevado a una subordinación del Legislativo sobre el Ejecutivo, lo que iría en contra del sistema de frenos y contrapesos que creó la Constitución Política, y “permitiría la concentración del poder público en una de sus ramas y daría al traste con el carácter democrático del Estado, más aún en un estado de excepción”, asegura el alto tribunal. 

Así, concluye el alto tribunal en el fallo, la manera de sesionar del Congreso es “un asunto que únicamente le incumbe a la rama legislativa”  Lo mismo ocurre con otros órganos que también eran cobijados por el decreto para sesionar de forma virtual, como las instituciones locales, o las altas cortes, que con su propio reglamento pueden dar pie a a virtualidad. 

En el fallo, la Corte asegura que su decisión rige hacia futuro por lo cual las decisiones que el Congreso tomó de forma virtual, amparado en el decreto, no tienen riesgo de ser inconstitucionales o de anularse por el fallo del alto tribunal. 

REDACCIÓN JUSTICIA
@JusticiaET 

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