Discrecionalidad y poca transparencia | El Comercio


Una asesoría realizada en el 2018 por el Banco Interamericano de Desarrollo encontró discrecionalidad y poca transparencia en las empresas públicas.

La discrecionalidad es la potestad gubernativa en las funciones de su competencia que no están regladas.

Se ha dado casos en que el gobierno rescata a las empresas que tienen pérdidas y al tener utilidades expropia los recursos, haciendo a las mismas ineficientes, sin un control contable, sin presupuesto y sin que se pueda realizar una auditoría fiscal, ya que solo trabajan como caja chica, desvirtuando su propósito, proyección y desarrollo.

Las entidades públicas deben trabajar en base a realidades expuestas por la demanda y los datos estadísticos que de ella se derivan. Por ejemplo, en un afán de obviar intermediarios, se harán compras masivas de medicinas.

Se cree que las compras corporativas cubran las necesidades de tres mil establecimientos en todo el país. Sin embargo, no se conoce el estado de las bodegas de cada centro a donde irán los medicamentos, condiciones de refrigeración, datos estadísticos y sistemas de control para su uso, descargo, devolución, o remplazo por caducidad.

Los mejores controles son los que mantienen al día un constante ingreso y salidas de mercaderías, con sus respectivos respaldos, con intervenciones sorpresa por parte de los directores y jefes encargados, acompañados de reportes mensuales al ministerio correspondiente para conocer sobrantes o faltantes en el acto.

Una estadística del consumo hará notar si el personal que trabaja en cada centro es suficiente. El establecer sistemas independientes, de contabilidad y auditoría regidos bajo una norma universal, en cada centro, evita prácticas corruptas, fraudulentas, de coacción o intimidación, de confabulación, obstructivas en que la destrucción, la falsificación, alteración y ocultamiento de evidencias ha sido una práctica común, con el fin de apropiarse de fondos o bienes públicos.

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