En ocho provincias se practica la minería ilegal



La actividad minera ilegal, que esta semana dejó cinco víctimas mortales en Balzar de Los Ajos, en la parroquia Urbina, provincia de Esmeraldas, no es un hecho aislado.

En el país hay brotes de esta actividad también en algunos puntos de las provincias de Carchi, Imbabura, El Oro, Zamora Chinchipe, Azuay, Napo y el norte de Pichincha. Estos reportes de la Policía coinciden con información del Ministerio de Energía sobre actividad minera ilegal de grupos en esas zonas.

Entre ellas, están el alto Nangaritza, Cielito, Monteolivo o en la zona de exclusión minera en Zaruma, asegura Fernando Benalcázar, quien estuvo al frente del Viceministerio de Minas hasta hace un mes.

Incluso persisten los brotes en Buenos Aires (Imbabura), pese a la intervención militar que se hizo en julio del 2019 y producto de la cual se desalojó a 6 200 personas que extraían material de forma ilegal.

Desde esa fecha, el control de la zona quedó en manos de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Pero hay personas que aún intentan sacar el material pétreo, especialmente en la noche y la madrugada, para procesarlo y extraer el metal.

Por ejemplo, el mes pasado unos 300 sacos con material aurífero, que estaban escondidos en una casa abandonada en esa zona, fueron identificados por miembros de las Fuerzas Armadas.

Desde el 2018 y hasta octubre de este año, la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (ARC) se ha incautado de 1 733,27 toneladas de material minero en operativos efectuados a escala nacional.

En función del contenido de oro que se encuentre allí, el Estado podría recuperar entre USD 15 y 20 millones.

También se han decomisado motores, bombas, plantas eléctricas, motosierras, moledoras, taladros, bombas de agua, camiones, volquetes, retroexcavadoras, vehículos.

Con estos implementos, las personas extraen el mineral.

Luego se emplea de manera indiscriminada químicos nocivos para el ambiente y la salud como el mercurio -que se comercializa de manera informal, porque su uso está prohibido- para separar el oro de los otros minerales, explicó Santiago Yépez, exgerente de la Empresa Nacional Minera.

Esto ocurre, pese a que Ecuador es signatario del Convenio internacional de Minamata, que promueve la erradicación del uso del mercurio en la actividad minera.

Sin embargo, al tratarse de una actividad informal no se cumple con esa normativa. Tampoco se respetan los derechos laborales, no hay cuidado ambiental ni se cancelan tributos al Estado, precisó Yépez.

En Esmeraldas, la minería ilegal se realiza en 52 frentes. Uno de los oficiales que trabaja en esa provincia señaló que se investiga posibles nexos con bandas delictivas que operan en San Lorenzo (fronteriza con Colombia). Se presume que estos grupos financian esta actividad y que la propia población evita denunciarlos, porque reciben ingresos por trabajar en la explotación de oro.

Cada onza de mineral que sacan las personas se vende a alrededor de USD 12.

En las propias bocas de mina hay gente que llega cada día y ofrece el dinero a cambio del mineral. Se mueven en camionetas. Los agentes rastrearon puntos de compra en Urbina y parroquias cercanas.

A los policías les preocupa la presencia de gente armada. El miércoles pasado, se encontraron con cerca de 100 personas con machete en mano cuando fueron al punto del derrumbe.

Por esto, los militares intensificaron las operaciones en San Lorenzo. El viernes hicieron un control de armas. Allí se incautaron de cuatro pistolas con municiones no letales.

Los policías, por su parte, hacen controles en los ríos cercanos. Una investigación preliminar indica que por esa vía llega el combustible para las máquinas que se usan para la extracción del mineral. Solo una retroexcavadora emplea 120 galones por turno.

Para mitigar esta actividad en algunos puntos del país, Benalcázar y Yépez coinciden en que una opción puede ser concesionar a firmas responsables de la explotación de estos recursos, porque las zonas donde se evidencia vetas superficiales de minerales pueden ser tomadas por mineros ilegales.

Esta situación también perjudica a la minería formal, porque influye negativamente en la percepción que tiene la población sobre esta actividad, mencionó María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador.

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